La tenencia de drogas “no será punible” dice la reforma, cuando no exceda de dosis de hasta 10 gramos de marihuana, 4 de opio, 100 miligramos de heroína, 5 gramos de cocaína y hasta 0.020 de LSD.

La propuesta es una iniciativa del Ejecutivo y está en la línea de la despenalización de las drogas, lo que evitaría la existencia de “grandes carteles y bandas de crimen” opina el Defensor Público, Ernesto Pazmiño.

Según la Defensoría Pública, en Ecuador el 34 por ciento de detenidos en cárceles lo están por drogas y, de ellos, el 95 por ciento por tráfico de cantidades menores.

El planteamiento de posesión legal, aunque limitada de drogas para las personas, abrió un debate en este país andino, con posiciones controversiales, aunque una encuesta revela que únicamente 13 de cada 100 ecuatorianos la apoyan.

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, favorable al proyecto, aclara que no se trata de estar a favor o en contra de las drogas y que la adicción “es un problema de salud”.  Aún más, señaló, que para no crear otros males a los consumidores, “el gramo de droga, debería ser vendido en boticas”.

La terapeuta María Proaño dijo a medios locales que establecer cantidades mínimas para consumo personal es un arma de doble filo y es una solución para culturas educadas. Lo que va a ocurrir, dijo, es que “la gente va a ocultar las grandes cantidades de droga y solo van a portar lo permitido y pasarlas como legales”.

El asambleísta del oficialismo Mauro Andino considera que las “adicciones no pueden ser criminalizadas y el consumo es una decisión personal”. En su opinión, el articulado sobre este tema propende a que el sistema de salud ofrezca respuestas sobre la rehabilitación de los adictos.

En cambio, la asambleísta opositora Cynthia Viteri cree que “con permitir el consumo” se abre el negocio de las drogas, aunque se “la comercialización en los gramajes permitidos para ese consumo”.

Las primeras apreciaciones sobre las posturas de los asambleístas, dan por descontado que la “despenalización de la tenencia personal mínima de drogas” sea aprobada por mayoría.

Según dijo a dpa el penalista Farith Simon, castigar a los consumidores de drogas “es una equivocación y no es una respuesta racional” al problema social.

Simon señala que no se está legalizando en Ecuador la venta de drogas, sino que la iniciativa “es un reflejo normativo constitucional”.

De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, el problema de consumo de drogas se define como un asunto de salud pública, premisa con la que intentan sintonizar las reformas del nuevo Código Orgánico Integral Penal.

En el código se contemplan penas cuando se sobrepasan las dosis máximas de consumo individual y sanciona, según el excedente, de uno a tres años de prisión y de hasta 25 años cuando la persona es vinculada con la producción o el tráfico a escala internacional.

Hay dudas en Ecuador de que la aprobación de esta reforma sacuda al país del delito del narcotráfico y de la violencia que genera. En su territorio circulan anualmente 120 toneladas de droga según datos policiales.

De cualquier manera, es una salida a la actual ley de drogas que, según el Defensor Público Pazmiño, supone “una respuesta sangrienta y punitiva, que criminaliza la pobreza y castiga a los más débiles”.

El Latinoamérica, varios países como México, Brasil y Uruguay han levantado la sanción de cárcel para los consumidores de drogas; Argentina descartó la prisión por la posesión de marihuana y en Colombia se ha despenalizado el uso personal de marihuana y cocaína, aunque no de otras drogas.